El Tribunal Constitucional avala la atención sanitaria a los sin papeles
Levanta parte de la suspensión del decreto del Gobierno vasco pero mantiene el copago
María Fabra 17 DIC 2012 -
El acceso a la Sanidad de los "sin papeles" fue restringido en abril. / SANTI BURGOSLa limitación de acceso a la sanidad para los inmigrantes que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy no se aplicará, al menos de momento, en el País Vasco. El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión de parte del decreto con el que el entonces Ejecutivo de Patxi López trató de saltarse los recortes sociales que implicaban las medidas adoptadas desde el Ministerio de Sanidad. Hasta que el Constitucional no sentencie sobre el conflicto de competencias, podrá aplicarse el decreto del Gobierno vasco en este aspecto.
En su auto, el Tribunal Constitucional atiende las alegaciones formuladas por el Gobierno vasco y esgrime que excluir a determinados colectivos de la atención sanitaria supondría poner en riesgo su salud "lo que repercutiría no solo en su estado de salud individual sino en la prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto contagiosas, afectando seriamente a la salud de toda la sociedad".
Sobre el argumento del ahorro, que fue el que esgrimió el Gobierno para limitar la atención sanitaria, el alto tribunal considera que el derecho a la salud "no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico" que, como sostiene, ni siquiera ha sido concretado.
El Gobierno recurrió el decreto del País Vasco ante el Constitucional que, en julio, admitió a trámite el recursos y decretó la suspensión de la decisión del Gobierno autónomo. Sin embargo, ahora, el mismo Constitucional, ante las alegaciones presentadas por el Ejecutivo vasco, ha levantado parte de esa suspensión.
La suspensión que permanece vigente es la relativa al copago farmacéutico contra el que el Gobierno de Euskadi también se había plantado. Pero el Constitucional la mantiene alegando que el planteamiento de los prejuicios que la medida iba a suponer se realizan desde un "carácter marcadamente hipotético", mientras que la Abogacía del Estado aportó datos económicos sobre la evolución del gasto farmacéutico en el País Vasco para justificar la aplicación del copago. En cualquier caso, hasta ahora, en Euskadi no se ha implantado el copago farmacéutico pese al mando del Constitucional.
Del total de 910.342 personas que se quedaron en toda España sin acceso universal a la sanidad, unas 25.000 personas viven en Euskadi.
El auto del Tribunal Constitucional solo hace referencia a la solicitud de levantamiento de la suspensión y no entra en el conflicto de competencias en el que se basó el recurso ante el alto tribunal.
El decreto fue una de las últimas acciones del consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, para garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público. Para ello el acceso se mantenía en todas las personas que residen en Euskadi y se mantenían también los niveles de aportaciones en el pago de medicamentos, además de incorporar la exención de pago a diversos colectivos.
En sus alegaciones, el Gobierno vasco adujo que los inmigrantes son el colectivo "que resulta más afectado por patologías infecciosas", y apuntó que "al quedar sin el apoyo clínico sanitario, supondría un riesgo de contagio para el resto de la población".
